Colombia 2023: un país que cree en la democracia pero no en quienes la gobiernan

Hay preguntas que una encuesta no puede responder directamente. No puede predecir qué escándalos ocurrirán ni quiénes serán sus protagonistas. Pero sí puede identificar las condiciones estructurales que los hacen probables. La Encuesta de Cultura Política de 2023 es ese tipo de instrumento: no una predicción, sino un diagnóstico. Y tres años después, ese diagnóstico se sostiene.

Qué mide la ECP y cómo se construyó este análisis

La Encuesta de Cultura Política (ECP) es una operación estadística del DANE que mide las actitudes de los colombianos frente a la democracia, las instituciones del Estado y la participación ciudadana. No captura intención de voto ni popularidad coyuntural. Captura disposiciones estructurales que tienden a ser más estables en el tiempo que cualquier medición de opinión.

La edición de 2023 entrevistó directamente a 46.392 colombianos mayores de edad en los hogares de todo el país, con representación en cinco regiones: Bogotá, Oriental, Atlántica, Central y Pacífica. Los datos fueron ponderados para reflejar la población adulta del país.

Este análisis procesa los microdatos mediante estadística descriptiva ponderada, segmentación por subgrupos, clustering no supervisado y modelos de regresión logística. El objetivo no es describir la coyuntura sino identificar patrones estructurales y evaluar su consistencia frente a lo observado entre 2023 y 2026. El dashboard interactivo con todas las desagregaciones por región, generación, sexo y nivel educativo está disponible en hermesbonilla.com/laboratorio/ecp-2023.

La Colombia que los datos retratan

El punto de partida del análisis es una divergencia sistemática entre dos mediciones que deberían moverse juntas.

En 2023, la valoración de la democracia como ideal alcanzaba una media de 4,34 sobre 5. El 62% de los encuestados la calificó con el puntaje máximo. Simultáneamente, el 72,4% reportaba no sentir ninguna influencia en la política y el 70,3% no sentía voz ni voto en el gobierno. La satisfacción con la democracia realmente existente (no el ideal sino el sistema que experimentan cotidianamente) era de 2,70 sobre 5.

La distancia entre esas dos mediciones define lo que este análisis llama la brecha aspiracional: 4,34 de valoración normativa frente a 1,98 de percepción de influencia real. No es evidencia de apatía ni de ignorancia. Es evidencia de una evaluación lúcida del sistema. Los ciudadanos saben lo que la democracia debería producir. Y saben que no lo está produciendo para ellos.

Ese retrato se refuerza en cada módulo de la encuesta.

La confianza en 15 instituciones del Estado, medida en escala de 1 a 5, no supera en ningún caso el punto neutro de 3,0. El valor más alto llega a 2,89. El Congreso tiene alta confianza en apenas el 10,7% de los encuestados y baja confianza en el 52,6%. Los partidos políticos registran el peor desempeño: solo el 6,8% confía en ellos. La desagregación por generación confirma que esto no es un fenómeno de los jóvenes: la diferencia en el índice de confianza entre la Generación Z y los Baby Boomers es de 2,5 puntos en una escala de 100. La desconfianza atraviesa todas las edades con la misma intensidad.

La educación no produce confianza institucional. Produce capacidad crítica.

El análisis de clustering sobre cinco dimensiones (confianza institucional, percepción de corrupción, satisfacción democrática, voz política e ideología) identifica cuatro perfiles que estructuran ese retrato. El participante satisfecho (22%) percibe que el sistema funciona razonablemente para él y es el único grupo con voz política positiva. El desenganchado silencioso (35%) no espera nada del sistema pero tampoco actúa contra él; su sentido de voz política está colapsado en 1,60 sobre 5. El ciudadano crítico (27%) tiene desconfianza extrema, la más alta percepción de corrupción (4,41 sobre 5) y prácticamente ningún sentido de influencia política. El conservador de derecha (16%) se define principalmente por la firmeza y coherencia de su orientación ideológica, con una posición media de 9,28 sobre 10 en la escala izquierda-derecha.

El módulo de capital social completa el retrato. El 94,7% confía en la familia; el 5,6% confía en desconocidos. La brecha entre la confianza en el círculo cercano y el círculo abierto es de 1,3 puntos en una escala de 5. La política ocupa el último lugar en importancia de esferas de vida (2,42 sobre 5), por debajo de la religión, el trabajo, las amistades y la familia. La identificación con algún partido político alcanza apenas el 12,1%.

La Colombia que los datos de 2023 retratan es una ciudadanía que valora profundamente la democracia como ideal, que no confía en ninguna de sus instituciones, que percibe la corrupción como estado estructural, y que ha desarrollado una distancia sistemática entre la política como concepto y la política como experiencia cotidiana. Eso era Colombia en 2023.

Lo que el período 2023-2026 parece contradecir

Si ese retrato fuera completo, el pronóstico lógico sería parálisis o ruptura progresiva. Un electorado tan desconfiado, tan desenganchado, tan convencido de que el sistema no produce resultados para él, debería tender hacia la abstención masiva.

Los hechos del período 2023-2026 parecen contradecir ese pronóstico.

El 8 de marzo de 2026, la participación electoral en las elecciones al Congreso superó el 50% del censo por primera vez en años, subiendo más de tres puntos respecto al 47% de 2022. Más colombianos fueron a votar, no menos.

El movimiento político que gobernó entre 2022 y 2026 (período marcado por escándalos de corrupción de alta visibilidad que involucraron entidades del Estado en todos los niveles) creció en el Congreso, pasando de 20 a 25 curules en el Senado. El partido del gobierno aumentó su representación legislativa a pesar de haber producido los escándalos más ruidosos de su propio período.

Y el fenómeno que más difícilmente encaja en el retrato de 2023: un candidato presidencial de extrema derecha, con un discurso de orden, eficiencia y mano dura que ha encontrado referentes exitosos en otros países de la región, acumula entre el 15% y el 28% de intención de voto según las encuestas de marzo de 2026, en un país donde el 63,7% del electorado se ubica en el centro ideológico. Un perfil que la encuesta hubiera asociado al conservador de derecha (el 16% más cohesionado ideológicamente) está produciendo números que superan con creces ese bloque.

El análisis de la tolerancia social añade otro elemento que contradice la narrativa dominante. Solo el 7,6% de los colombianos rechazaría como vecino a alguien de otro partido político, y el 0,7% a alguien de otra ideología. En el mismo electorado que los medios describen como profundamente polarizado, la tolerancia política es alta. La intolerancia existe, pero sigue líneas sociales (adicciones, migración, enfermedad) no líneas ideológicas.

La Colombia que emerge de los hechos de 2023-2026 no parece la misma que retratan los datos de la encuesta. Es más activa, más compleja, y en algunos frentes, más propensa a apuestas radicales que lo que el diagnóstico de desconfianza sola permitiría anticipar.

La lectura que integra ambas

La aparente contradicción se resuelve cuando se distingue entre el tipo de insatisfacción que moviliza y el tipo que paraliza, y cuando se lee con precisión a qué perfil le habla cada candidatura.

La regresión logística sobre participación electoral produce el hallazgo más contraintuitivo del análisis: la percepción de corrupción es el único predictor con efecto negativo significativo sobre la probabilidad de votar (-1,00 punto porcentual, p<0,001). Pero la desconfianza institucional tiene efecto positivo (+0,55 puntos porcentuales). Son dos mecanismos distintos operando en direcciones opuestas sobre el mismo electorado descontento.

El descontento sofisticado produce acción electoral, no apatía.

El ciudadano que desconfía de las instituciones pero conserva su adhesión al ideal democrático vota más, no menos. Su insatisfacción es activa: tiene un objeto concreto sin perder la convicción de que debería ser de otra manera. El ciudadano que percibe la corrupción como condición permanente sin salida visible se abstiene. La mayor participación del 8 de marzo confirma ese mecanismo: la paradoja democrática moviliza.

El crecimiento del movimiento gobernante a pesar de los escándalos también encaja. El ciudadano crítico no vota por desempeño: vota por dirección. Si la alternativa percibida es un retorno al sistema que produjo los mismos resultados por las mismas razones, el cambio imperfecto sigue siendo preferible al no-cambio.

Los ciudadanos que le dieron el voto de castigo a Petro en 2022 vieron confirmada su visión del mundo, no resuelta.

El fenómeno de la extrema derecha requiere una lectura más cuidadosa. Ese candidato no crece exclusivamente por el conservador de derecha, su bloque natural. Crece porque le habla directamente al desenganchado silencioso desde una lógica diferente a la del cambio progresista: no promete transformar las instituciones sino hacer que funcionen por la fuerza. El modelo de eficiencia autoritaria que ha ganado tracción en varios países de la región ofrece exactamente lo que ese perfil busca (resultados visibles, acción sin rodeos, alguien que no parece parte del sistema fallido) sin requerir que el ciudadano tenga fe en la democracia como proceso. Le ofrece fe en la efectividad como resultado.

Aquí reside la tensión más relevante que los datos permiten señalar. El desenganchado silencioso valora la democracia en abstracto (su media no difiere dramáticamente del promedio) pero sus expectativas sobre el rendimiento institucional están tan bajas que está disponible para un proyecto que, en la práctica, la recorta. No por convicción autoritaria, sino porque la democracia que conoce no le ha entregado nada concreto. El clientelismo lo activa transaccionalmente; la narrativa de la mano dura lo activa emocionalmente. Los dos mecanismos convergen en el mismo perfil.

Un segundo hallazgo de la regresión confirma la urgencia de entender ese segmento: el ciudadano sin redes organizacionales y con baja confianza interpersonal tiene mayor probabilidad de votar que quien sí las tiene. El desenganchado silencioso no es inerte. Es el segmento más costoso de ignorar para cualquier proyecto político que quiera gobernar sin reproducir ese circuito (sea clientelar o autoritario).

El relevo generacional no cambiará por sí solo ese déficit. Las instituciones que hereden el próximo gobierno cargan con el mismo pasivo de legitimidad que las actuales.

La Colombia de 2026 no es una ciudadanía apática frente a instituciones fallidas. Es una ciudadanía activa que busca salidas. El problema es que algunas de las salidas disponibles no van en la dirección que la brecha aspiracional pide: más democracia que funcione. Van en la dirección opuesta: menos democracia, pero que se vea que algo pasa.

Esa distinción importa porque define el verdadero desafío del próximo gobierno. No es comunicar mejor ni diseñar mejores campañas. Es producir rendimiento institucional verificable antes de que el desenganchado silencioso concluya que el modelo de eficiencia sin procedimientos es la única opción que le queda.

Esa brecha de 2,36 puntos entre lo que los colombianos esperan de la democracia y lo que sienten que les produce es medible, seguible y reducible. Los datos para hacerlo ya existen. La próxima ECP los producirá. El análisis estará disponible.

Explora los datos — Este análisis tiene un dashboard interactivo con todas las desagregaciones por región, generación, sexo y nivel educativo. Ver dashboard ECP 2023 →

Nota metodológica

Los datos provienen de los microdatos anonimizados de la Encuesta de Cultura Política 2023 publicados por el DANE (DANE-DIMPE-ECP-2023), disponibles en microdatos.dane.gov.co. El universo de análisis comprende 46.392 respondentes directos mayores de edad. La ponderación utiliza el factor FEX_P normalizado, representativo a nivel de hogar. Los índices compuestos de confianza y corrupción se construyeron como promedios ponderados en escala 0-100. La segmentación en cuatro perfiles se obtuvo mediante KMeans con k=4 sobre cinco dimensiones estandarizadas; el coeficiente de silueta óptimo estadístico era k=2, y la elección de k=4 se justifica por coherencia analítica y quiebre en la curva del codo. Los efectos marginales promedio de la regresión logística se calcularon sobre predictores estandarizados (Z-score). Los porcentajes de rechazo en tolerancia social reflejan mención espontánea como grupo no deseado; el complemento no implica aceptación activa. Los datos electorales del 8 de marzo corresponden al preconteo con 99,56% de mesas informadas de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Las encuestas presidenciales citadas son del Centro Nacional de Consultoría para CAMBIO (n=2.157, margen de error +/-3%), GAD3 para RCN (n=1.076, +/-3%) y AtlasIntel para Semana (n=4.291, +/-2%), todas de la semana del 17-22 de marzo de 2026.

El dashboard interactivo con todas las desagregaciones está disponible en hermesbonilla.com/laboratorio/ecp-2023.

Este análisis fue producido de forma independiente por Hermes Bonilla como parte del Laboratorio de Datos Públicos de hermesbonilla.com. Los datos provienen de fuentes oficiales del Estado colombiano. Las interpretaciones son del autor.